La Ley 24.241 consagró la naturaleza previsional de la renta vitalicia al definirla como una movilidad de acceder y percibir la jubilación ordinaria o el retiro definitivo por invalidez (arts. 46, 100 y 101), lo cual implica, necesariamente, que le son aplicables todas las garantías mediante las cuales las normas de rango constitucional protegen a los jubilados.

El deber de adoptar las disposiciones necesarias para asegurar una adecuada movilidad a las prestaciones previsionales corresponde al Estado. Ello surge con claridad del art. 14 bis de las Constitución Nacional, en tanto expresa que: «el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá… jubilaciones y pensiones móviles…».

Corresponde examinar si el resultado de las diferentes regulaciones que tuvo el valor de la renta, satisfacen el contenido concreto de la garantía de movilidad, pues una respuesta negativa a dicho análisis implicaría transformar la opción que la ley jubilatoria ofrecía -percibir el beneficio bajo la forma de renta vitalicia- en un abandono de la movilidad, a la cual la ley fundamental considera un derecho irrenunciable.

Corresponde al Estado, que es a quien va dirigido el mandato constitucional de otorgar movilidad a las jubilaciones y quien ha diseñado, regulado y controlado el sistema que, en el caso, ha producido resultados disvaliosos, garantizar el cumplimiento de aquel precepto e integrar las sumas necesarias para cubrir las diferencias existentes entre los montos percibidos por el actor y los que hubiera debido percibir si se hubieran aplicado las disposiciones del decreto 279/08 y las diversas resoluciones dictadas po la ANSeS en cumplimiento de la Ley 26.417.