ESTAFAS TELEFÓNICAS: nueva “modalidad”

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ESTAFAS TELEFÓNICAS: nueva “modalidad”

En estas líneas nos vamos a enfocar en explicar la nueva modalidad de estafas “on line” o telefónicas que se están realizando en la actualidad, las que lamentablemente crecieron mucho durante la pandemia y afectaron a muchos usuarios y consumidores.

Comenzaremos explicando brevemente cuales son las modalidades más conocidas en las que se llevan adelante estas estafas. Una de estas se conoce como “phishing”. Se trata de un término informático el cual distingue a un conjunto de técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza, para manipularla y hacer que realice acciones que no debería realizar (por ejemplo revelar información confidencial o hacer click en un enlace que no desea).

La otra forma se denomina “pharming”, y es una maniobra más sofisticada, con la que se intenta redirigir el tráfico web a un sitio falso. Se encauza mediante la manipulación de las direcciones de sistemas de nombre de dominio, «DNS» por sus siglas en inglés. En este caso, mediante un correo o enlace vacío sobre el que se «clickea», se instala un programa que engaña al navegador del usuario y lo deriva a direcciones falsas».

¿Cuál de estas 2 se está utilizando más en la actualidad?

Actualmente, la modalidad que más se está utilizando, es una especie de phishing, donde los estafadores, mediante el engaño y la manipulación, logran conseguir los datos de los titulares de cuentas de bancos públicos en la mayoría de los casos, sean trabajadores estatales que cobran su sueldo en estos bancos o jubilados que perciben su haber jubilatorio. La forma más común en esta pandemia es hacerse pasar por un empleado de una repartición estatal (por ejemplo ANSES) y prometer algún beneficio de los que otorga el estado (como el IFE) a personas allegadas a los mismos, que no poseen cuenta en estas entidades, por lo que los estafadores les indican que consigan un amigo/familiar que se las facilite. De esta manera, los titulares ingenuamente y por hacerle un favor a su amigo o familiar le facilitan la cuenta para la supuesta percepción del beneficio prometido. Luego, los estafadores, que actúan como una especie de guía, le van pidiendo todos los datos necesarios para operar desde la cuenta. Conseguidos los mismos, en vez de hacer el depósito prometido, terminan extrayendo el saldo de dinero disponible en la cuenta. Pero no conformes con eso, solicitan adelantos de sueldos o jubilaciones y los créditos preaprobados que otorgan los bancos a sus clientes, los cuales llegan a ser hasta mayores de $500.000.

Por lo tanto, los titulares de estas cuentas, no solo pierden el dinero que poseían, sino que además se tienen que hacer cargo del pago de las cuotas del crédito que solicitaron los estafadores, en su nombre y por supuesto, sin su consentimiento.

¿Qué son los créditos preaprobados?

Un crédito preaprobado, es un instrumento que el banco desea destinar a sus clientes que cuentan con buen historial y capacidad de pago.

En este tipo de créditos, a diferencia de otros instrumentos financieros, no es el cliente quien lo solicita. Es el banco el que informa al cliente, luego de realizar determinados filtros, que tiene un financiamiento preaprobado y este puede gestionar su aprobación en el momento que desee.

Para tramitar un crédito preaprobado no es necesario consignar numerosos requisitos, pues la institución ya cuenta con los datos del cliente.

¿Qué reclaman las víctimas?

Las víctimas de este tipo de delitos en el momento que se enteran de lo sucedido sienten una impotencia y desamparo muy grande, debido a que muchos poseen los ahorros de toda su vida en estas cuentas.

La denuncia penal generalmente es muy compleja, porque es un delito virtual por lo que muchas veces se realizan de otras jurisdicciones. Es muy difícil que logre prosperar más allá de las sospechas existentes y que se logre atrapar a los delincuentes.

Pero esto último no es lo que más les interesa a las víctimas, sino que lo que buscan es que se les reintegre el dinero perdido y que el perjuicio económico no siga creciendo, en virtud de que los bancos siguen cobrándoles las cuotas de los préstamos que se otorgaron desde la entidad y sin su consentimiento, afectando claramente la ley de defensa del consumidor.

 ¿Las entidades bancarias no tienen ninguna responsabilidad?

La ley de defensa del consumidor establece la responsabilidad objetiva al proveedor, en este caso los Bancos, por los daños generados a los consumidores. Para que exista la responsabilidad objetiva no es necesario acreditar el dolo o la culpa, sino solo el daño producido. En estas situaciones tendrían responsabilidad porque el riesgo lo crearon ellos, en virtud de obtener mayores beneficios, debido a que durante la pandemia muchas de las operaciones que se realizaban personalmente, comenzaron a hacerse vía virtual. A su vez, los bancos brindan un control muy deficiente para el otorgamiento de esta clase de créditos, los que son promovidos por ellos mismos, como dijimos anteriormente. Tales circunstancias son las que permiten a los estafadores llevar adelante este tipo de delitos que venimos desarrollando.

Por todo esto como mínimo, las entidades no deberían cobrar las cuotas de los créditos preaprobados, solicitados sin el consentimiento de los clientes y deberían poseer las herramientas informáticas necesarias para poder rastrear y tratar de recuperar el dinero que poseían los usuarios en sus cuentas y del crédito solicitado. Cosa que obviamente no sucede.

¿Qué papel tomo la justicia?

Luego un periodo de incertidumbre respecto de la posición que iba a tomar la justicia respecto de tipo de delitos, la misma está dando buenas señales para los usuarios que se encontraban desamparados. Es así que, en los últimos meses, en diferentes juzgados de las ciudades de nuestra provincia, La Plata (juzgado civil y comercial n° 25), Bahía Blanca (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala I), se hicieron lugar a medidas cautelares en procesos que tratan sobre estas temáticas.  

Vamos a aclarar que la función que cumple en estos casos la medida cautelar, es prohibir a los bancos que cobren las cuotas a los usuarios, de los créditos pre aprobados solicitados por los estafadores, mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Esperemos que estos fallos se utilicen como precedentes y se comiencen a aplicar en todos los juzgados que reciban demandas de este tipo. Es la única forma de amparar de algún modo a los usuarios se ven afectados por esta clase de delitos.

SANTIAGO SARQUIS
SANTIAGO SARQUIS
T° 54 F°360 C.F.A.B.B. T°XIX F°163 C.A.B.B

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