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DEUDORES NO BANCARIOS DESPROTEGIDOS

El 17 de mayo de 2016 La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo del Banco Itaú y estableció que al deudor de saldos en tarjetas de crédito no se le puede cobrar un interés que supere en un 25% a las tasas aplicadas a préstamos personales. De esta forma, la Corte considera válida la decisión previa de la Cámara, que había resuelto que el banco no podía aplicar intereses por encima del tope fijado por el artículo 16° de la ley 25.065, de Tarjetas de Crédito. La norma prevé que «el límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique al titular no podrá superar en más del 25%» a la tasa que aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes.

Hacemos hincapié en esta sentencia porque la misma se aplica a los usuarios que tienen acceso a las entidades financieras al igual que la Comunicación “A”6964 Emitida por Banco Central de la República Argentina el día 10 de abril de este año. Pero, qué pasa con los deudores que poseen tarjetas emitidas por entidades no bancarias?

En estas líneas desde el estudio queremos poner el acento sobre este grupo de personas que se encuentran desamparas, y que en nuestro país son millones, las cuales en los últimos años debido al aumento de la informalidad laboral y el deterioro de los ingresos tuvieron que acudir a este tipo tarjetas no solo para la compra de productos duraderos sino también para el consumo y pago de servicios públicos, las entidades más conocidas que brindan estas tarjetas son Tarjeta Naranja, Efectivo Si, Credial, Credipaz y otro centenar de empresas que se desarrollan en este rubro.

Sostenemos que por el contexto mundial que estamos atravesando, el cual es de público conocimiento por lo cual no nos vamos a extender en detallarlo, este conjunto de personas que representan al sector más vulnerable de nuestra sociedad deberían estar protegidas y amparadas por una resolución similar del poder ejecutivo o del banco Central, ya que se encuentran pagando en este momento tasas exorbitantes de interés que llegan a ser de hasta el 120 % anual, es decir en manos de los grandes grupos económicos, los cuales como de costumbre, hacen vista gorda sobre los problemas de la sociedad y solo buscan la mayor ganancia propia.

De esta manera se está afectando el derecho de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación los cuales se encuentran consagrados en los artículos 16, 37, 75 inc. 2, 22 y 23 de la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales que gozan de igual jerarquía como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2) y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 2). Para concluir, debemos afirmar que la igualdad ante la ley involucra la obligación del Estado de tratar igual a aquellas personas que se encuentren en idénticas circunstancias, tal como lo ha establecido la Corte Suprema en numerosos precedentes.

Santiago F. Sarquis
Abogado

SANTIAGO SARQUIS
SANTIAGO SARQUIS
T° 54 F°360 C.F.A.B.B. T°XIX F°163 C.A.B.B

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